Las últimas dos semanas se han caracterizado por una fuerte campaña mediática para levantar el perfil de los proyectos hidroeléctricos y mineros que se implementan a lo largo y ancho del territorio nacional.

La industria mediática se ha puesto al servicio de estos grupos de poder, quienes buscan posicionar su accionar como una plataforma que trae desarrollo a sus comunidades, sin mencionar que están generando un impacto negativo a los territorios y naturaleza.

Esta campaña ha contado con la participación de funcionarios del gobierno, empresarios adscritos al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), defensores de derechos humanos afines al gobierno, y también representantes legales de varias empresas mineras e hidroeléctricas.

La campaña ha contado con la cobertura mediática nacional, quienes se han unido a la defensa del funcionamiento de estos proyectos, apuntando que el cierre de los mismos ocasiona desempleo y obstáculos al desarrollo comunitario.

El defensor de derechos humanos, Hugo Maldonado, dijo que como defensores deben estar por la defensa del Estado de derecho, afirmó que se debe vigilar que las empresas cumplan con los acuerdos pactados con las comunidades, los que corresponden a empleos y construcciones sociales.

Por su parte el asesor presidencial, Marvin Ponce, asegura que quienes están en contra de estos proyectos son una minoría, y que eso no puede ser posible, porque pequeños grupos organizados en estructuras de derechos humanos están obstaculizando la inversión empresarial y extranjera en estas zonas.

Durante estos criterios emitidos por sectores ligados al oficialismo, nadie se refiere al daño que los proyectos dejan en la naturaleza. Pedro Landa ambientalista, lamentó que en Honduras los medios, defensores de derechos humanos, gobierno y empresarios, se presten a realizar campañas de este tipo, campañas que aumentan la realidad de despojo, venta y destrucción de la naturaleza.

Landa dijo al programa Más que Dos de Radio Progreso, que desde hace muchos años hay una política clara de los grupos de poder para favorecer este tipo de proyectos, que en su mayoría están en manos de grandes empresarios nacionales.

Pero de la mano de esta campaña, también grupos comunitarios se han movilizado desde la región atlántica a la capital para expresar su voz de apoyo a estas empresas. El pasado martes 18 de septiembre, población de Intibucá y Santa Bárbara en el occidente del país, hicieron un plantón frente al Ministerio Público y el COHEP, para pedir acciones inmediatas a favor de estas empresas.

Estas comunidades llegaron en apoyo a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que actualmente está acusada de ser la responsable del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, cuyo juicio está en marcha en este momento en la capital.

“Estamos acá para pedir que se haga justicia, y que se deje trabajar a estas empresas que traen desarrollo, además pedimos que ningún grupo que es minoría venga de afuera a pedir que se cancelen estos proyectos, porque ellos no conocen nuestra necesidad”, expresó Aquilino Madrid, integrante de esta comunidad de Intibucá.

Campañas de desprestigio

La campaña mediática ha ido acompañada de una política de desprestigio hacia varias organizaciones y también defensores de derechos humanos en particular, una de las organizaciones más afectadas ha sido el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes han sido víctimas de una campaña de odio por parte de diversos sectores ligados a las empresas hidroeléctricas y mineras.

Para el caso, en el sector de Pajuiles, la empresa Hidrocep, del empresario Jason Hawit, ha elaborado varios videos que han puesto a circular en redes sociales, responsabilizando a Martín Fernández y Víctor Fernández, ambos coordinadores del Movimiento Amplio de ser quienes ahuyentan la inversión extranjera.

“Estas campañas, además pone en peligro la vida de estas personas, es lamentable que se haga, porque también incurre en una violación al derecho humano”, manifestó Pedro Landa.

Por ahora varios proyectos han sido frenados por los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de ellos es el proyecto de Minerales de Occidente en Azacualpa, Copán, por otra parte, las comunidades han continuado organizándose y a través de cabildos abiertos se han declarado libres de explotación minera e hidroeléctrica, así fue el caso de Tela, en el departamento de Atlántida.

Las comunidades siguen solas, acompañadas solo de su determinación y beligerancia, pues las campañas de odio y desprestigio no solo son apoyadas por el gobierno, sino también por toda la industria mediática nacional.